En 2024, Panamá implementó una serie de reformas legales que abren nuevas posibilidades para la gestión patrimonial y empresarial, impulsando la protección de activos, la eficiencia fiscal y el crecimiento estratégico de inversiones.
En 2024, Panamá implementó una serie de reformas legales que abren nuevas posibilidades para la gestión patrimonial y empresarial, impulsando la protección de activos, la eficiencia fiscal y el crecimiento estratégico de inversiones. A continuación, destacamos los cambios más relevantes y sus beneficios para empresarios y gestores patrimoniales en 2025:
Desde el 1 de junio de 2024, entró en vigor el Código de Procedimiento Tributario, aprobado mediante la Ley N.º 76 de 2019. Este marco establece plazos de prescripción de cinco años para impuestos directos e indirectos, brindando mayor transparencia en los procesos de cobro y sanción. El resultado clave es que las empresas ahora cuentan con un entorno fiscal más predecible, esencial para la planificación a largo plazo.
La facturación electrónica se consolidó como un requisito obligatorio para un mayor número de empresas, según lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo N.º 25 de 2022. Esta medida no solo fomenta la transparencia fiscal, sino que también incentiva a las empresas a adoptar tecnologías avanzadas en sus procesos administrativos. Los beneficios empresariales que se evidencian son: optimización de recursos y cumplimiento simplificado en auditorías.
El Decreto Ejecutivo N.º 33 de marzo de 2024 permitió incluir actividades como el ‘nearshoring’ y la manufactura ligera dentro de la Zona Libre de Colón. Este cambio diversifica las oportunidades de negocio y posiciona a Panamá como un destino atractivo para inversiones logísticas y de comercio internacional. Las oportunidades clave son: atracción de empresas globales, creación de empleos especializados e impulso a la competitividad regional.
Los ajustes al régimen fiscal para proyectos turísticos, introducidos por el Decreto Ejecutivo N.º 121 de 2024, amplían las exoneraciones fiscales disponibles. Estos incentivos fortalecen proyectos en regiones prioritarias, promoviendo la inversión en infraestructura y servicios turísticos. Esta normativa generará un impacto directo en la reducción de costos tributarios, la generación de ingresos sostenibles y la revalorización de activos en zonas estratégicas.
Las reformas antes mencionadas destacan la importancia de diseñar estructuras patrimoniales eficientes, como fundaciones de interés privado y fideicomisos, permitiendo optimizar cargas fiscales, segregar riesgos y facilitar la transferencia generacional de activos de manera ordenada.
Además, los incentivos aplicables en zonas económicas especiales y sectores como logística e industria aumentan la rentabilidad y el valor del patrimonio empresarial.
En un entorno de cambios dinámicos, contar con una estrategia patrimonial bien diseñada es clave para aprovechar las ventajas legales y fiscales, siempre consultando con expertos en la materia.
Con una visión estratégica, Panamá se consolida como un hub de oportunidades para empresarios y gestores patrimoniales en la región.
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